Bruno Lima Rocha
Una historia mal acabada sufre cíclicamente conmociones. Un hecho o un nuevo enfoque ponen sobre la mesa las llagas de un país sin memoria, verdad o justicia. La Operación Cóndor vuelve a sonar a partir de la repetición de aquello que ya se sabía. Esta vez el hecho fue el asesinato del ex presidente Joao Goulart (Jango) ocurrido el 6 de diciembre de 1976 en una de sus estancias localizada en la ciudad de Mercedes, en la Provincia de Corrientes, región del litoral argentino. Esta vez, la forma de difusión es un hecho mediático con el potencial de tornarse en juicio político.
El tema ganó la prensa brasilera este domingo 27 de enero de 2008, cuando el periódico Folha de São Paulo publicó una entrevista hecha por la reportera de la agencia Folha de Porto Alegre, Simona Iglesias, al uruguayo Mario Ronald Barreiro Neira. Barreiro es un ex-miembro del grupo fascista Juventud Uruguaya de Pie (JUP), de la falange paramilitar Garra 33. Fue agente de la dictadura uruguaya e incorporado a la policía de la Banda Oriental. Pertenecía al grupo de tareas Gamma, encargado de la represión política y utilizado en la coordinación represiva del Cono Sur.
Como muchos de sus colegas de los sótanos latinoamericanos, Barreiro se dedicó a practicar como civil los conocimientos que aprendiera como agente activo. Por ese motivo la entrevista fue realizada en la Penitenciaría de Alta Seguridad de Charqueadas (PASC) que se encuentra en la región carbonífera próxima a Porto Alegre. El ex agente de inteligencia dejó la policía uruguaya, vivió algunos años en la frontera seca entre Uruguay y Rio Gránde del Sur y se mudó posteriormente a Gravataí, en la gran Porto Alegre. Está preso por delitos comunes desde 1999.
En la entrevista, Barreiro realiza una serie de acusaciones al gobierno del presidente Ernesto Geisel, por haber ordenado el asesinato de João Goulart.
Relaciona al delegado del DOPS de San Pablo, Sergio Paranhos Fleury como hombre de enlace, a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) como financiadora de la operación y consecuentemente, a los gobiernos y servicios de inteligencia de Uruguay y Argentina por operar en conjunto cumpliendo con la supuesta resolución del gobierno brasilero. Si se comprueban las órdenes de la cúpula del gobierno de Geisel, se cae el mito del pacto político entre los “sorbonistas” de apertura lenta, gradual y segura y la oposición liberal-democrático-burguesa, que implicaba que Brasil jugó a la línea dura con el terror de derecha sólo hasta la derrota de la izquierda armada. Las investigaciones sobre el Plan Cóndor, que en Brasil duraron hasta el gobierno de Figueredo, en plena apertura democrática, están mostrando lo contrario.
Entiendo que el discurso de Barreiro es perfectamente plausible. El hecho de que esté cumpliendo una pena como preso común por tráfico de armas, falsa identidad, robo y organización de una banda criminal, no tiene mucha relación con la veracidad o falsedad de sus palabras. Entre los ex operadores de inteligencia uruguayos y argentinos es bastante común que ex oficiales de la represión integren una organización criminal.
El caso más destacado de ello en la frontera uruguayo-brasilera, es el del teniente de Artillería José Nino Gavazzo Pereira. Antes de ser detenido por crímenes de lesa humanidad, ya había estado envuelto en problemas legales de delito común. En relación con la delincuencia, casi ningún ex miembro de baja jerarquía de los cuerpos represivos podría estar libre de responsabilidad, ya que el premio por la captura de opositores era generalmente el botín de guerra de sus posesiones personales.
Un motivo para dudar de las afirmaciones de Barreiro podría ser la existencia no comprobada de cuarenta cassettes con grabaciones de conversaciones de Goulart todavía con vida. El ex policía dice haber sido parte de un cuerpo de vigilancia sobre Jango, habiendo monitoreado con micrófonos las conversaciones del ex presidente en su hacienda del departamento de Maldonado, en Uruguay. Barreiro prometió entregar estas pruebas a la co-autora del libro “El Beso de la Muerte”, de Carlos Heitor Cony y Anna Lee. No los entregó y todavía envió un emisario a cobrar una suma por este material. El hecho se repitió con la Reportera de la Folha de Porto Alegre, y ninguna prueba material fue presentada. Estas cintas, si existen, son el seguro de vida de Barreiro. Y aunque esto no fuera verdad, es urgente que sea investigado.
Esos hechos podrían hacer que la prensa brasilera retomara para sí el papel de denuncia que tuvo en otros tiempos. Sería el momento para movilizar un equipo de reportaje en busca de la verdad. Según la reportera Simone Iglesias, ninguna persona o institución relacionada con las acusaciones de Barreiro está dispuesta a responder. Tanto el Ejército brasilero, la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada de Uruguay, el ex asesor del presidente Geisel (Humberto Esmeraldo Barreto) y el hijo de Fleury (el también delegado de la policía de San Pablo, Sergio Fleury) no quisieron hacer declaraciones a la reportera.
Parece ser el típico silencio que antecede al escándalo. Las únicas manifestaciones fueron de familiares de los implicados. Los de Ernesto Geisel dijeron que las acusaciones son irreales. El hijo del ex presidente, Joao Vicente Goulart grabó la entrevista e intenta reabrir el caso.
Entiendo que sería un absurdo condicionar la reapertura de la investigación a la veracidad del testimonio de Barreiro. Aún cuando cada palabra dicha por el uruguayo sea mentira, el caso del asesinato de João Goulart continúa sin solución, y el país y el mundo no saben que ocurrió. Una buena medida para solucionar estos sucesos ocultos, es la apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar. Estos documentos están escondidos, lacrados y se están deteriorando. Mientras no se abran, se irán corrompiendo los papeles y la memoria de la nación.
