Bruno Lima Rocha – 02 de marzo de 2009, Centro de Buenos Aires, Calle Corrientes al 600
Comienzo este artículo de forma genérica. Supongamos un municipio de la región metropolitana de una capital latino-americana. En ese municipio, la empresa privada que ejecuta a recolecta de basura y el mantenimiento de los postes de iluminación pública gana la licitación bajo la protección de padrinos políticos. Hasta ahí ninguna novedad. Lo interesante es saber que ese “padrino” es el presidente de una central sindical entreguista y derechista y que la relación de la empresa ganadora con el sindicato es de “acercamiento y diálogo”. Esto, sumado a una práctica de tipo mafia (patota, en la jerga local) lleva a que los dirigentes de la entidad representativa de los trabajadores defiendan más a una empresa privada. que a los intereses de sus asociados. Infelizmente, esta práctica política es recurrente.
El episodio narrado arriba es real. La ciudad se llama Lanús y está en el entorno de Buenos Aires capital, en el conurbano bonaerense. El sindicalista padrino político de la empresa Covelia S.A. es Hugo Moyano, hombre fuerte de la CGT y del gremio de los camioneros. El vínculo político-sindical es el uso del control de la fuerza de trabajo con un accionar de tipo “patotero”. El caso aquí es narrado como ejemplo de la materialización de un concepto, el nexo político-sindical con perfil mafioso. Un ejemplo se da cuando el gobierno del alcalde kirchnerista Darío Díaz Pérez cierra un acuerdo con Moyano y firma un contrato que le rinde 65 millones de pesos argentinos (más de 20 millones de dólares) al año a la empresa. Según el periódico Perfil, del domingo 1º de marzo, un total aproximado de 3,6 millones de pesos (más de 1 millón de dólares) para el Sindicato de los Camioneros (UOCRA, sindicato nacional) bajo control directo del hombre fuerte de la burocracia de tradición peronista de derecha. La fuente tampoco es “neutral”. Es correcto, el Grupo Perfil de Jorge Fontevecchia no juega a ningún neutralismo ni nada por estilo. Pero, la información es correcta y los hechos son los hechos.
Tampoco lo que afirmo es alguna novedad y se reproduce en 14 municipios de la Gran Buenos Aires. Y, seamos justos, esto no comenzó ahora ni tiene vinculación exclusiva con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El problema es de otro orden y viene de las 62 organizaciones sindicales de confianza directa del ex-presidente y general Juan Domingo Perón. Fue bajo la influencia de Evita que la base de derechos e instituciones de amparo a la clase trabajadora argentina fueron constituidas. Gracias a María Eva Duarte es que el brazo popular del peronismo existe y apunta al protagonismo de la clase trabajadora. La otra pata del peronismo, cuya siniestra política interna nunca cierra, tiene historia triste y macabra.
Desde entonces, la pelea por el control e influencia en la fuerza de trabajo del país es de vida o muerte. Para tener una idea del tipo de crisis, la organización de muy mala fama llamada Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), escuadrón de la muerte del gobierno de María Estela Isabel Martínez (de Perón) bajo el mando del brujo López Rega, reclutaba sus hombres en la barra brava del sindicalismo traidor. No es por casualidad que esta gente fue poco incomodada en los años de terror de Estado (1976-1983). Esto sin hablar de los años duros de guerra interna más allá de los regimenes de Onganía y Lanusse. Al retorno a la democracia representativa, la CGT estaba intacta y casi sin pérdidas, de entre los 30.000 muertos y desaparecidos.
En la Argentina, existe un patrón de alianza entre las elites políticas, los dirigentes sindicales y los sectores contratistas, que no cambia. El modus operandi es del tipo criminal y fortalece el nexo político-sindical, y es de fácil comprensión. La histórica Confederación General del Trabajo (CGT), creada en el primer gobierno de Perón reproduce la lógica corporativista de aliar el capital al trabajo y corresponder a la fuerza de los sindicatos con la representación política. Esta central es hasta hoy la única reconocida por el gobierno nacional y tiene su fuente de renta en los convenios oficiales, del repase de dinero del Estado y del control de la caja provisional de sus afiliados.
Este país, que hasta su última dictadura militar (1976/1983) tenía pleno empleo vio a su mano de obra reducida de forma drástica. Las políticas de venta y saqueo de los bienes públicos comenzaron con el ministro de Economía de Jorge Videla, José Martínez de Hoz y culminó en la Era Menem (1989/1998), con el desmonte de la estructura productiva y la desocupación masiva. El fenómeno de creación de los movimientos de trabajadores desocupados (los MTDs originales) viene de ese periodo y tiene su cenit en los años posteriores a la rebelión popular de diciembre del 2001 cuando el modelo ultra-neoliberal es derrotado bajo el lema de: “¡Qué se Vayan Todos!”.
Aún en esos peores momentos de desempleo masivo, marginación y privatización salvaje, los jefes de la patota de la CGT no hicieron nada. Al contrario, siempre obedecieron a una lógica propia de asociación al poder político y a su alianza entre el capital y los dirigentes de la clase trabajadora. Por eso fueron cómplices en el saqueo al país. Un país productor de alimentos para más de 300 millones de personas no puede tener más de un tercio de su población bajo la línea de pobreza y pasando hambre. En teoría, el sindicato organiza y defiende la fuerza de trabajo. Cuando los dirigentes sindicales no ocupan su tiempo defendiendo a sus afiliados es porque juegan para el otro equipo. Cuando estas personas hacen de su fuente de renta los recursos provenientes de las contribuciones de los afiliados, es porque son una mafia. Y como toda mafia, se portan de manera anti popular y por eso son combatidos.
En este caso, la patota del país hermano era uno de los blancos permanentes de las guerrillas los años 60 y 70. Dirigentes como Augusto Timoteo “El Lobo” Vandor y José Ignacio Rucci fueron ajusticiados en función de ser, de hecho, sindicalistas asociados a los militares y a los patrones. La herencia maldita sigue. Para dar una idea, el propio Hugo Moyano es acusado de haber formado parte de la Triple A. Los mejores ejemplos del sindicalismo argentino poco o nada tienen a ver con la patota mafiosa, amiga de los K y aliada de cualquier buitre que ocupe de la Casa Rosada. En la tierra de la Semana Trágica y de la Patagonia Rebelde, la oposición sindical y la organización por local de trabajo construyeron las bases de la otra fuerza. La mejor experiencia, la herencia bendita de la historia reciente, se encuentra en los ejemplos del Sindicato de Luz y Fuerza, en la CGT de los Argentinos, en la clase que se alzó en el Cordobazo. Estos sindicalistas no eran corrompibles y, no por casualidad, sobre estos militantes sindicales la represión militar, con ayuda de la patota de Moyano, pegó duro.
