Bruno Lima Rocha
Marzo, 2009
La política de derechos humanos en el Brasil está años luz de distancia de la de sus vecinos del Cono Sur. Es un tema recurrente y ya lo abordé más de una vez. Sólo como ejercicio, comparemos el gobierno del ex-sindicalista Lula y del médico oncólogo Tabaré Vázquez en esta materia. Si la relevancia de la memoria histórica fuera contrapuesta en nuestro país (Brasil) y en el Uruguay, nos daríamos cuenta de que para los brasileños la verdad y la justicia de la historia reciente no son temas que deciden elecciones. Y tampoco se encuentran en la pauta de la política nacional. En el país vecino, la Banda Oriental, se da justo lo opuesto.
En 2008 analicé las prisiones de los grandes operadores de la dictadura militar uruguaya. El gobierno del Frente Amplio (FA) vive de sus extremos. Después de recibir a George W. Bush mientras Chávez hacía un mega acto en la Argentina, los frenteamplistas ordenan la prisión del ex-dictador Gregorio Álvarez. Y, mientras amenazan constantemente con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EUA, utilizan de su mayoría en el Parlamento para pronunciarse por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Aunque el hecho no tenga aplicación jurídica, moviliza y refuerza la colecta de firmas buscando un referéndum popular para definir el asunto. Si ocurriera, y todo indica que acontecerá, será el inverso del referéndum de 1980, cuando en el voto popular el régimen cívico-militar fue rechazado. Volviendo al acuerdo de olvido de 1987, “La Ley de Caducidad”, redime de responsabilidad de los mandantes y autores de los crímenes de lesa humanidad durante el régimen cívico-militar que duró de 1973 a 1985. Es la versión de la Banda Oriental para la Ley de Amnistía, Amplia, General e Irrestricta aprobada en el Brasil en 1979.
Hagamos ahora una comparación. ¿Alguien podría imaginar un periódico brasileño oficialista, publicando en su editorial una posición a favor de la revisión de la Amnistía para los torturadores y asesinos? ¿Es factible suponer que este mismo periódico haría una defensa del referéndum y de la participación popular para decidir en el voto el destino de personajes del gobierno de fuerza? Este fue el eje del editorial del diario uruguayo La República, a favor del gobierno, datado de 27/02/2009.
Podemos seguir. El gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva también tiene mayoría en el Congreso Nacional, pero ni sueña en proponer algo parecido a lo realizado por la bancada frente amplista. Esto se da con las centrales sindicales participando en su mandato. La dirección del PIT-CNT (central sindical uruguaya) busca firmas para el referéndum contra la Ley de la Caducidad. ¿Algún brasileño imagina la CUT o la Fuerza Sindical (ambas centrales sindicales con cargos y peso en el gobierno Lula) haciendo lo mismo por aquí? ¿Porque tanta diferencia de conducta?
Tanto aquí (en Brasil) como allá (en Uruguay), la sede del poder condiciona a los animales políticos. En el Brasil, el gobierno Lula abrió mano del tema de la Memoria, Verdad y Justicia y por veces se ve sorprendido cuando el caso de un refugiado político se hace público. Este concepto gana materialidad con el caso del italiano Cesare Battisti, cuando milagrosamente el Estado brasileño se porta y garantiza el derecho al refugio de este ex-militante perseguido por la Fiscalía italiana manipulada por el mafioso e indiciado, el primer Ministro Silvio Berlusconi. Pero, el caso Battisti es una excepción. Finalmente, volviendo a la apreciación del Estado brasileño, la causa duele, pero incomoda poco. Ya en el Uruguay, por la presión popular, el tema de la memoria y la justicia está en pauta. Tanto los líderes del FA como los sectores más a la derecha saben eso.
En la Banda Oriental, los desaparecidos tanto pueden decidir las próximas elecciones como marcan la pauta de la lucha cotidiana.
