28 de julio 2008, Bruno Lima Rocha
Este artículo de nuestro corresponsal que analiza la situación penitenciaria y de corrupción del sistema policial y judicial en Brasil, está denunciando un mal que es común en casi toda nuestra Latinoamérica. Ni los gobiernos progresistas ni los de centro, ni los de derecha han logrado combatir eficazmente esta grave circunstancia que constituye un problema estructural en el continente.
El último relato del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, perteneciente a la ONU, respecto a los derechos humanos revela lo que ya todos sabíamos. Según este documento, en Brasil la tortura, la superpoblación de las cárceles y el racismo, son prácticas sistemáticas. Son tan corrientes como la corrupción, y se ejercen en las delegaciones, cuarteles y prisiones. El asunto no para ahí. Los crímenes cometidos por el Estado y sus representantes van más allá de la tortura física. La ONU señala que en Brasil el sistema judicial es corrupto y el racismo es parte de la estructura de la sociedad. Aunque toda denuncia sea válida ¿dónde están las novedades en ésta?
Hablando todavía del relato de la ONU, este organismo dice que “intimó al gobierno brasilero, ya en el 2005” a tomar medidas urgentes. No es posible dar crédito a esta “intimación”. Ningún gobierno se siente obligado a nada con ellas, a menos que exista sobre su cabeza la amenaza de un corte de recursos externos, de ayuda militar o de bloqueo económico. La ONU también “advierte” desde hace décadas al Japón para que acabe con la matanza de ballenas y no pasa nada. Las ballenas son exterminadas por los pesqueros japoneses sin ningún tipo de punición, hasta que alguna embarcación de propiedad de activistas ecológicos arremete con su proa y acaba con la fábrica flotante. Lo mismo ocurre cuando la ONU hace presión sobre cualquier gobierno. En el caso brasilero, el agravante es que la corrupción y la represión social son operadas por ex-militantes de izquierda asociados con el capital financiero.
Más cadenas para el pueblo
Respecto a derechos humanos, ya el Brasil era una vergüenza en la dictadura militar, y lo sigue siendo en la democracia neoliberal y de mercado. Para empeorar el dilema, el relato de la ONU critica la práctica de la tortura ¡pero elogia la construcción de cárceles! En efecto, en Brasil existe un déficit absurdo de sitios de reclusión y en todos los presidios existe superpoblación. Pero cualquier operador de Derecho en Brasil sabe que la construcción de penales urbanos, sólo aumenta la reincidencia y no recupera a casi nadie.
De acuerdo a las leyes que rigen la impunidad sistemática, en teoría las penitenciarías serían lugares para “recuperar” hombres y mujeres con trayectoria en el crimen. En los hechos sucede lo contrario. En Brasil los presidios son depósitos de seres humanos que llegan a transformarse en verdaderas escuelas de delincuencia. Es así, porque con la ausencia de un orden social solidario, con la represión estatal sumada a los hábitos criminales, la novela es una sola. En el primer capítulo el sujeto entra a detención primaria y queda en régimen semi-abierto. Como los procesos judiciales caminan a paso de tortuga, el preso huye y cuando es recapturado su hoja criminal aumentó. Al final, el que entró para cumplir una pena por delitos menores, termina siendo un profesional, con códigos de lealtad y honor de pandillas y acaba siendo un diplomado en crimen, muriendo antes de los treinta años.
El sistema no falla
Se engaña quien piense que esto es una “falla del sistema”. No falla nada, porque cuando el “bandido” se recupera es precisamente cuando el sistema le permitió salirse. La máquina represiva funciona para triturar carne humana y no recupera a nadie. El propio espacio físico ya condiciona. Es imposible convivir en paz en una celda hecha para cuatro personas dónde están amontonados más de treinta hombres adultos.
Tanto la prisión como la tortura cumplen una tarea “pedagógica”, la de dejar explícito para la población lo que puede sucederle. Es un mensaje directo, dirigido a los estratos más pobres y desamparados, justo aquellos incluidos en el programa Bolsa Familia (recibiendo un valor mensual en dinero a través del Gobierno Federal).
Otra acción pedagógica además de la criminalización de la pobreza, es el racismo. La masa carcelaria brasilera, así como las víctimas de la represión están compuestas en buena parte por afrodescendientes. O sea que en pleno siglo XXI, el Estado ve a los negros como sospechosos en potencia.
El racismo, el desempleo y la violencia policial son la misma cosa
Es la misma lógica que decretó el crimen de vagancia en el pasaje del siglo XIX al XX, justo cuando las masas de esclavos libertos fueron a ocupar las favelas y lugares marginales. Con una población mayor que los puestos de trabajo disponibles, la solución de la clase dominante fue criminalizar el subempleo estructural. Los verdaderos criminales reforzaron una mentira histórica, la de que los negros y mulatos “eran delincuentes” y que quienes trabajaban duro eran solamente los emigrantes. Pero no todos los emigrantes eran “pacatos y corderos”, porque para los anarquistas y los organizados sindicalmente, esa clase dominante creó las Leyes Rápidas, decretando su expurgación y destierro en el campo de concentración de Clevelândia, en Amapá.
La estructura se mantuvo sin cambios en los aparatos represivos. En las décadas de los 50 y 60 empezaron a aparecer escuadrones especiales, agrupando a policías muy violentos y bajo sospecha de corrupción, que además de exterminar a los marginales, marcaban en las cachas de sus armas cuántas muertes habían logrado. El más famoso de estos criminales con licencia de policía fue el delegado titular del Departamento de Orden Político y Social de la Policía Civil del Estado de San Pablo (DOPS), Sergio Fernando Paranhos Fleury. El era la bestia que ejecutaba, en la primera mitad de la década de los 60, a pequeños traficantes y ladrones de automóviles, actuando en el Centro Viejo de la capital paulista. Estos hombres, entrenados en la violencia estatal en las calles, fueron los primeros equipos reclutados por la dictadura militar para operar la represión política. Si Fleury y su equipo torturaban y mataban, quien tenía el mando y la coordinación de estas acciones era otro delegado del DOPS. Esta delincuente se convirtió en político a partir de la década de los 90 y hoy se nombra como Romeo Tuna. Este genocida es hoy senador por el PTB de San Pablo y actúa entre los aliados del gobierno de Lula.
Con Lula y el PT, ARENA y la tortura continúan
En el gobierno de Lula los síntomas son muy parecidos. La presencia de miembros de ARENA (Alianza Renovadora Nacional, el partido de sustento de la dictadura militar) que ahora posan de demócratas, asegura que ningún genocida será molestado. También aseguran el secreto de los archivos de la dictadura, papeles éstos que están pudriéndose y desapareciendo. Así como el gobierno supuestamente de “izquierda” no movió un ápice en la política económica de banqueros, agiotistas y especuladores, tampoco cambió nada en el aparato judicial y policial. La nueva condena del relatóo de derechos humanos de la ONU prueba que sigue vigente la carta blanca para que la policía opere de la manera que quiera.
En noviembre de 2007 fue denunciado el caso de una adolescente presa en una celda masculina adulta en el estado de Pará. La gobernadora Ana Júlia (PT) sólo se ocupó porque el caso trascendió y se convirtió en escándalo internacional. Si no hubiera sido así, ella habría tomado las mismas medidas que toma respecto a la extracción ilegal de madera de la Amazonia paraense. O sea, no hubiera hecho nada. Su gobierno estatal es un reflejo de esta política, está aliado al mayor hombre de poder de la región, el diputado federal Jader Barbalho (PMDB-PA, madereras ilegales, políticos pentecostales de la Iglesia Universal y otros de la misma estirpe). Ana Júlia dijo que no sabía nada de la niña presa junto con hombres. Este es el sistema.
El ministro de derechos humanos tampoco sabe nada
Volviendo al relatorio, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura calificó las prácticas criminales de sistemáticas en Brasil. Ya el ministro-jefe de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, contestó esta calificación. Según él, “no se corresponde con la voluntad de las autoridades y no es sistemático”. Si no corresponde con la voluntad de las autoridades, se vuelve sistemático por omisión.
Quien calla otorga, y cualquier gobierno que permite la tortura es cómplice de ella.
