Enero 2008, Bruno Lima Rocha
La Operación Cóndor, coordinación continental entre las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia en la década de 70, continúa produciendo hechos políticos y luchas por memoria y justicia. El último a poner leña en la hoguera fue el fiscal italiano Giancarlo Campaldo. Él pidió a la justicia de su país la prisión de 146 latino-americanos, ex-integrantes de la Operación Cóndor y directamente envueltos con el asesinato de personas de ascendencia italiana. De entre los acusados figuran 13 brasileños y casi todos con vínculos con el Río Grande do Sul y con experiencia operacional represiva en las zonas de frontera. La lista completa de los militares y policías procesados por la fiscalía italiana está rellenada de gaúchos.
Los nombres de los ya fallecidos son:
– General João Baptista Figueiredo (ex-presidente de la República, sirvió mucho tiempo en el Rio Grande do Sul)
– General Euclydes de Olivo Figueiredo Hijo (hermano del ex-presidente y ex-comandante del 1º Ejército, llamado hoy Comando Militar del Este, con base en Río de Janeiro), sirvió en el Sur
– General Walter Pires de Carvalho y Albuquerque (ex-ministro del Ejército de Figueiredo)
– General Otávio Medeiros (ex-jefe del Servicio Nacional de Informaciones – SNI)
– General Antônio Bandera (ex-comandante del 3º Ejército, actualmente llamado de Mando Militar del Sur – CMS, con base en el Rio Grande), operó en el sur de Brasil
– Coronel Luís Macksen de Castro Rodrigues (ex-superintendente de la Policía Federal en RS), gaúcho.
Aún en vida constan:
– Coronel Carlos Alberto Ponzi (ex-jefe de la 2a seçao del Estado-Mayor, gaúcho)
– Agnello de Araújo Brito (ex-superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro)
– Edmundo Adolfo Murgel (ex-secretario de Seguridad Pública – ministerio estadual de interior – estado de Río de Janeiro)
– General Henrique Domingues (ex-miembro del Estado-Mayor del 3º Ejército, actual CMS)
– João Osvaldo Leivas Job (ex-secretario de Seguridad Pública del RS, gaúcho)
Después de mucho tiempo, el tema vuelve a la palestra en nuestro país de escasa memoria. Esa noticia salió en el portal del periódico O Estado de São Paulo (www.estadao.com.br), en nota publicada el día 30 de diciembre último. El reportero Moacir Asunción entrevistó a Jair Krischke, veterano abogado gaúcho y fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH). Jair sirvió de fuente no sólo por sus posiciones políticas públicas, sino también por haber proporcionado datos e informaciones el fiscal Giancarlo. Organismos como el MJDH son la pesadilla permanente de los operadores de la represión, tortura, desaparición forzada y muerte, promovida por los regímenes de fuerza de las décadas de ’60, ’70 y ’80.
La otra versión de la nota vino a través del reportero Marcelo Godoy, entrevistando el general de división del arma de caballería (en la reserva) Agnaldo Del Nero Augusto. Ese oficial fue agregado militar en Paraguay en 1979 y 1980; formó parte de la inteligencia del 2º Ejército en São Paulo (hoy Mando Militar del Sudeste) y participó activamente de la Operación Cóndor. Por su relato, Agnaldo tuvo una actuación coordinada con la inteligencia argentina, dando atención especial al flujo de militantes de la Organización Político-Militar Montoneros que usaban Brasil como refugio o pasaje de reingreso a su país.
Entiendo que el caso es relevante y va contra el pacto político brasileño firmado con la Ley de Amnistía Amplia, General e Irrestricta. También se choca con la política del actual gobierno que se dice de respeto a la apertura de los archivos de los Destacamentos de Operaciones de Informaciones, subordinados a los Mandos de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI). Como se sabe, los DOI-CODIs fueron extintos después del fracaso del atentado con bomba durante lo 1º de mayo realizado en el Riocentro. En la historia reciente de las fuerzas armadas y de la dictadura brasileña, ese fue el marco de la derrota de la línea dura de los sótanos contra la política de apertura y distensión capitaneada por Ernesto Geisel y Golbery de Couto y Silva.
Volviendo al caso de las acusaciones por desaparición forzada, tenemos que constatar que difícilmente habrá alguna punición para los 13 brasileños acusados. La Constitución prohíbe la extradición de nacionales y es imprudente generar expectativas de juicios en la Justicia de Brasil. Otra vez, Brasil camina en el sentido inverso de los países vecinos.
Sólo para ejemplificar la afirmación, mientras escribo este artículo tengo en mano el ejemplar de 20 de diciembre de la revista semanal uruguaya Caras y Muecas. Publicada en la tapa está la prisión del general Gregorio Álvarez, presidente de la dictadura en el periodo 1981-1985. El dictador “Goyo” Álvarez hace compañía al también dictador, el estanciero Juan María Bordaberry, presidente electo en la base del fraude en 1971, operador del autogolpe en 1973 y alejado por sus propios generales en 1976. Junto a los dos dictadores constan otros trece mandatarios civiles y militares del régimen de excepción de la Banda Oriental. Dos oficiales de la reserva de la Marina y del Ejército etán requeridos y se encuentran prófugos. Uno de ellos, el coronel de infantería Juan Manuel Cordero Piacentini está detenido en el Río Grande del Sur desde marzo de 2007, aguardando el juicio de su pedido de extradición.
Las intenciones de punición en Uruguay están muy presentes. El diario La República, publica una foto de Gregorio Álvarez esposado. No es sólo una foto coloreada, es un afiche suelto adjunto, encartado entre las páginas 40 y 41 de la edición dominical (30 de diciembre) y de tamaño doble estándar. Para quien conoce el posicionamiento y la penetración de la media impresa en un país letrado, da una idea de la importancia de esta imagen.
El justificativo legal para la prisión de Álvarez fue a la interpretación de uno de los artículos del equivalente de la Ley de Amnistía en Uruguay, conocida como Ley de Caducidad. En 1987, una acción parecida casi promovió un golpe de Estado, putsch militar organizado por el teniente-general Hugo Medina y cuyo objetivo era frenar los procesos judiciales y punitivos. La Ley de Caducidad, así como la Ley de Obediencia Debida, promovida en Argentina por Carlos Menem fue fruto de estos miedos y ambas están por caer. Con todas las críticas que puedan ser hechas, y no son pocas, los gobiernos del uruguayo Tabaré Vázquez (Frente Amplío) y del argentino Néstor Kirchner (Justicialista), sufrieron presión popular y política para posicionarse en el tema de la memoria y justicia y dieron alguna respuesta en el terreno jurídico.
Mientras eso, según Jair Kriscke, “en Brasil hasta hoy no molestamos ni el cabo de la guardia que actuó en el periodo”. Entiendo que el gobierno de Lula prefiere pagar pensión para las víctimas de la dictadura brasileña a castigar sus excesos. Infelizmente, en varios aspectos, estamos hace años luz de nuestros vecinos. Somos una potencia económica subdesarrollada en los rubros de conciencia política, memoria colectiva y movilización social. Conforme dije en el artículo de la semana pasada, cuando la memoria se borra, el futuro será el pasado.
Por lo visto, el gobierno nacional del presidente Lula, que fue sindicalista pero declaró públicamente “!yo nunca fui de izquierda!”, no va hacer nada. Internamente, no mueve un dedo para abrir los archivos de la dictadura militar en manos de las Fuerzas Armadas brasileñas. En el plan externo, ni pasa por su cabeza molestar a los militares y abrir el tema de los muertos y desparecidos políticos de Brasil. La sociedad brasileña empieza a moverse por otros canales, abriendo juicios y exigiendo justicia a los culpables de desapariciones en São Paulo. La rueda se mueve lenta, pero mueve.
