Bruno Lima Rocha
Los acontecimientos que se suceden en Bolivia deben poner a los latino-americanos en sentido de alerta. El problema no es sólo la defensa de un gobierno con perfil nacionalista y raíces indígenas, sino también la posibilidad de que nuestros países puedan lograr la auto-determinación y el uso soberano de sus propios recursos. La lucha popular en Bolivia y la intención expresa en el juego real de la política de derrotar el proyecto privatista y neoliberal, se remontan a la Guerra del agua en Cochabamba (2000), a la victoria en la Guerra del Gas (2003), en el posterior derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Losada e inmediatamente de Carlos Mesa, y en una acumulación de fuerzas muy anterior y que va más allá de la victoria electoral del MAS.
Es claro que en Bolivia el juego político es duro y sin límites legales o institucionales. La propuesta de fondo de la mayoría de origen tradicional es la construcción de instituciones políticas que expresen el Poder Popular. La vertiente de esa expresión también pasa, es obvio, por el gobierno de perfil nacionalista de Evo Morales y Álvaro García Linera. Retomar la soberanía definitiva sobre su territorio ancestral pasa por la superación del obstáculo que constituye la oligarquía organizada, yendo más allá de cualquier límite, contratando inclusive mercenarios brasileños y peruanos como quedó demostrado en la Masacre de Pando. Esto acontece porque Morales no hace lo que quiere y ni gobierna con los banqueros, como hace Luiz Inácio y el gobierno de hecho de Henrique Meirelles en Brasil..
Hoy el país de los mineros alzados en 1952 está frente a su mayor desafío. El conjunto de pueblos y nacionalidades ancestrales del Alto Pavo, las sociedades tradicionales quéchuas, aymaras, guaraníes, tupíes y decenas de otras etnias, los descendientes en el mestizaje de las ciudades, mineras y cocaleras experimentaron en los últimos 50 años una serie de marchas y contra-marchas, golpes y contra golpes. Experimentaron también la victoria puntual y en defensa de intereses estratégicos. Esta ahora es una más, en el momento más importante, pero no la definitiva.
Es preciso entender que las bases de las relaciones del poder construido desde abajo hizo de la organización del tejido social, de la práctica de justicia comunal y alianzas de base, la forma de desmontar un sistema de partidos políticos podridos, corrompido con las experiencias privatizadoras de los años ’80.
El ejército de Banzer y Barrientos quedó acantonado en 2003 y ahora es una variable dudosa. Esta misma fuerza que ya estuvo bajo el mando del general traficante Hugo, ya se vio derrotada en 1952 y puede ser derrotada de nuevo. Pero, antes de llegar al límite del enfrentamiento, la práctica de la pandilla y de las hordas desorganizadas pagadas por gente del quilate del Blanco Goran Marinkovic es el actual obstáculo. Y, si derrotada la oligarquía e impedida una solución "negociada" que atienda los intereses de los latifundistas de la soja, restará toda una ancha marcha rumbo a la implantación de las nuevas bases constitucionales, del experimentalismo de Justicia Comunal, de las experiencias populares de auto-gobierno y de re apropiación definitiva del subsuelo y de la YPFB. En este plan juega papel determinante la presencia de las transnacionales del petróleo y derivados, incluyendo la práctica presencia subimperialista brasileña en el país hermano.
Ahora la lucha es intestina y enfrenta a la oligarquía de la llamada Media Luna, dominante en los departamento de Tarija, Beni y Pando, comandada por los latifundistas de la soya y narcotraficantes de Santa Cruz. Esta gente opera a través de logias proto-fascistas y atentan abiertamente contra los intereses del pueblo. El gobierno de Morales es un blanco, pero la meta es la destrucción de la organización popular y de las alternativas indigenistas, de las formas tradicionales y comunitarias de control de la vida social, del control boliviano de las riquezas naturales. La nombrada lucha por la autonomía es nada más que la ganancia política de una *oligarquía aliada de las transnacionales, de un intento de golpe patrocinado por el Departamento de Estado, CIA y DEA y financiado con el dinero fruto de la expoliación del pueblo boliviano. Las multitudes de hombres y mujeres que luchan por "autonomía" son, en su gran mayoría, empleados, afiliados políticos y peones electorales de estos oligarcas. La situación de desobediencia civil y no gobierno es enorme en Bolivia. Por la izquierda, las protestas sociales son cada vez más enfurecidos y las metas de reivindicaciones obligan a Morales a hacer lo que la mayoría del pueblo organizado propone. Este es el concepto operacional de Poder Popular en su práctica política. Pero, por la derecha la oligarquía, que también salió "victoriosa" en el referéndum revocatorio de los gobiernos nacional y departamental, juega con las fuerzas en el caos, en el lockaut y el bloqueo económico. Cualquier semejanza con el avance de la reacción a partir de 1971 en Chile gobernado por la Unidad Popular, no es mera coincidencia.
Si las enseñanzas de la historia del Continente operaran sobre los formuladores de la política de La Paz, se espera que una guardia y reserva técnica sea inmediatamente convocada y puesta bajo alerta. Si Morales confía sólo y tan solo en el aparato militar oficial, corre serio riesgo. Junto a su gobierno, todo un proyecto ultrapasa con mucho, los límites de la democracia liberal y de la organización estatal-burguesa de la sociedad. El punto de conflicto ahora son los impuestos que la oligarquía no quiere pagar, no quiere por tanto transferir renta y así quebrar la unidad nacional, apropiándose de las riquezas nacionales para sí. Es semejante al aumento de las tasas de interés en Brasil, o la forma como la burocracia escuálida se apropiaba de la PDVSA venezolana hasta la victoria del pueblo en abril de 2002. Un análisis serio debe comprender que en Bolivia hoy se lucha una batalla por el destino en América Latina en conflicto con el imperialismo bajo el manto macabro de la globalización.
El impasse político del gobierno Morales puede ser solucionado yendo más allá de las posibilidades legales. Existe una izquierda popular más a la izquierda del recalcitrante vicepresidente Linera y de la burocracia que vaciló en la hora de gritar por la independencia de la YPFB. A La izquierda de MAS está la ex-guerrilla del Movimiento Pachakuti, está la Coordinación Regional del Alto, están las instituciones sociales de tipo Justicia Comunitaria. Existe un enorme tejido social organizado que, definitivamente, no va a entregar el país y la tierra ancestral a los herederos de Cortés y Pizarro.
Si para algo vale el análisis histórico-estructural, es para ver las analogías y correlaciones de relevantes momentos de una misma ruta. Vivimos todos los latino-americanos el camino previo de otro Levantamiento de 1809, ocurrido en Chuquisaca y La Paz. En 1809, una generación de jóvenes nacionalistas del antiguo Alto Pavo no reconoció la legitimidad de la pretensión de Carlota Joaquina de gobernar los virreinatos. Esta decisión apuntó el rumbo de la liberación de América, y la respuesta realista vino rápida. El gobernador de Potosí, leal al colonialismo, ocupó militarmente las ciudades rebeldes. Tardaron 15 años para la acumulación de fuerzas librada en 1824, en la Batalla de Ayacucho, cuando la reacción realista sale derrotada política y militarmente.
La independencia política no garantizó la soberanía de los pueblos, pero apuntó a una trayectoria a ser recorrida. Casi 190 años después se vive un embate parecido. En el avance del poder del pueblo, en la transformación del Estado nacional en espacio público y bajo control directo, en el desmonte de los aparatos burgueses de regulación social. La derecha aparece con toda su fuerza. Hoy en el epicentro del destino de la capacidad emancipadora y en la manifestación institucional de nuevo tipo formada por el empoderamiento de las mayorías dentro de la diversidad, se libra la Batalla en la Media Luna boliviana. El destino de América Latina en la próxima década comienza a ser escrito o re-escrito.
La supuesta división de la Medía Luna expresa la capacidad política de la oligarquía de siempre y la urgente necesidad de respuesta por parte de las fuerzas que participaron en la Nueva Constitución y en el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
