05 de noviembre de 2009, desde la Vila Setembrina,
Bruno Lima Rocha
La tarde de jueves, día 29 de octubre de 2009, marcó la historia reciente de la política del Rio Grande del Sur (estado más sureño de Brasil y lindero de Uruguay y Argentina). Este día, la sede de la Federación Anarquista Gaúcha (FAG) en Porto Alegre fue el blanco de un procedimiento de la Policía Civil (la policía judiciaria estadual), que llevando un mandato de la Justicia (estadual, por supuesto), se hizo efectivo para entrar en esta dirección. El motivo, una acusación por calumnia y difamación por parte de la propia gobernadora de estado, la economista Yeda Rorato Crusius (PSDB). Las páginas que siguen expresan lo ocurrido desde el punto de vista de los atacados y presenta una de las interpretaciones pasibles de ser aceptas para explicar el por qué del procedimiento discrecional. El centro es la batalla por los derechos políticos de un colectivo, contra el resguardo de la imagen personal, blanco primario de las batallas político-mediáticas de la contemporaneidad. Por supuesto, la libertad de expresión y la política como herramienta de movilización están en juego también. El neoliberalismo salvaje que viene invadiendo las entrañas del aparato de Estado en Río Grande necesita de un Ejecutivo fuerte y autoritario.
Lo ocurrido
En aquella tarde fue lanzada la ejecución por la Policía Civil del Río Grande del Sur de dos mandatos judiciales de búsqueda y aprensión, en dos lugares simultáneos. Un equipo de la Civil fue contra la sede pública de la FAG (en la Ciudad Baja, barrio bohemio próximo al Centro de Porto Alegre) y, otro partió rumbo a la dirección de hospedaje del portal vermelhoenegro.org (donde se agregan las federaciones y grupos estaduales aliados en el Foro del Anarquismo Organizado, FAO) localizado en la ciudad de Gravataí, Región Metropolitana de la capital gaúcha. En tales órdenes judiciales constaba la autorización del Poder Judicial Estadual de captura de material impreso de propaganda, ordenadores (CPU), memorias (back up) y demasiados objetos relacionados a la queja criminal. Se resalta que la queja judicial, fue de la propia gobernadora como persona física.
El motivo, según la orden judicial, fue la campaña de carteles pegados en las calles del estado del Río Grande del Sur (RS) y de difusión electrónica a través de un portal de Internet, derivados del asesinato del colono sin-tierra Eltom Brum de Silva. Yeda se sintió herida en su imagen, porque se le atribuía el término de “asesina”, haciéndola responsable política por la violencia promovida por la Peleada Militar (BM, policía militar del Río Grande del Sur) cuando en la mañana de 21 de agosto, un sin-tierra fue ultimado con tiros de balines por la espalda. El procedimiento sería entonces para conseguir pruebas materiales, corroborando la queja, y justificando así el proceso contra los responsables de dicha campaña. Como ya dije arriba, en la era de la política mediática, un arte final de cartel tiene un peso considerable.
De acuerdo con testimonio de vecinos de la calle, los agentes del Estado inicialmente intentaron derrumbar el portón, ya que la sede estaba cerrada en aquel momento. Después de la entrada en el local, mediante la lectura del mandato, iniciaron la búsqueda en el interior del inmueble de carteles, boletines informativos y otros documentos, al tiempo que desconectaron el teléfono, alegando que durante aquella ejecución no se podía usar tal medio. Uno de los hechos es que además del cartel requerido por la orden judicial, habrían sido llevados los archivos de otras producciones impresas de opinión política e información, así como un archivo de otros carteles. Uno de ellos reivindicaba la salida de la gobernadora, cuyo mandato está atravesado por casos de denuncias de corrupción y situaciones límite, como la de la muerte de su ex-representante en Brasilia, Marcelo Cavalcante. A la vez, el impreso asociaba la imagen y gestión de la economista neoclásica (neoliberal y neoinstitucionalista por complemento) denunciándola por entreguista, debido a la ingerencia del Banco Mundial en su proyecto político.
Así, si el problema fuera buscar pruebas de campañas injuriosas contra el gobierno constituido a través de un margen de votos de cerca de 5% en el segundo turno de 2006, la captura de impresos ya bastaría. Pero, conforme fue ampliamente divulgado por los medios alternativos del sur del Brasil, el operativo se llevó, además de material de gráfica y serigrafía, también documentos internos de la FAG, actas de reuniones y documentación en general de la vida interna de la Federación. Además de aquello que constaba en el mandato, fueron incautados otros documentos no relacionados al hecho, así como discos de archivo de backup y del propio CPU. Preguntaban por armas y drogas, en una tentativa de criminalización. Ni la basurera escapó. Habrían inquirido a los militantes allí presentes, sobre quienes toma las decisiones, quienes son los responsables, como funciona la FAG, si tiene registro jurídico formal como asociación o entidad. Para una acción de daños morales, la operación parece más de policía política, aunque (de momento) de intimidación y no de represión física.
Simultáneamente buscaron también, con un segundo mandato semejante, la dirección y el responsable por la página de Internet. Parece evidente que la pieza jurídica intentaba criminalizar al encargado técnico de la página, un trabajador autónomo que simplemente presta servicios para el colectivo gestor de la página. Como el mismo no fue localizado, fue llevado a la 17ª comisaría de la capital (la comisaría que se está especializando en actuar como policía política) el titular de la dirección del portal. Este tampoco es miembro activo de la Federación, pero aun así fue incautado en este local en Gravataí también el CPU de su ordenador y un palm-top de uso personal. Y, tal y como en Porto Alegre, la policía judicial incautó archivos de documentos históricos de la FAG, que permanecían allá guardados al largo de los años, tales como carteles, revistas e informativos diversos. ¿Cual es el móvil? ¿Un procedimiento de rutina o la determinación superior de conseguir datos y control interno de una organización política que juega por fuera de la disputa parlamentaria?
Después de las diligencias y aprensiones fueron entonces identificadas y llevadas cuatro personas para interrogatorio a la 17ª comisaría de Policía Civil en Porto Alegre. Otros testimonios aún quedaron de comparecer de modo que el delegado titular del interrogatorio pueda concluirlo en corto tiempo. Por lógica, algunos individuos pueden llegar a ser acusados. Resta saber la dimensión y la caracterización jurídica del proceso. El resultado político es multiplicado, esto porque el reo en un caso de esos, al contrario de buena parte del secretariado y de los ocupantes de puestos de 1º, 2º y 3º escalón que pasó por el Palacio Piratini (sede del Ejecutivo estadual) en este gobierno y en el anterior, no se trata de reo por corrupción y sí por expresar una opinión política. Con toda certeza, si esto llega a ocurrir, Yeda habrá fomentado una campaña de tipo solidaridad militante sin precedentes en la historia contemporánea del estado gaúcho.
Yeda tiró al que vio y acertó en donde no podía mirar
Una vez que la gobernadora se liberó del rol de enjuiciada en el proceso de investigación federal de la Operación Rodin (corrupción del Departamento de Tránsito en el Río Grande do Sul), conseguió mantener la mayoría para suspender el proceso de impedimento (impeachment) y tornar vacía la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Corrupción, se vio sin frenos y apta para la contra-ofensiva. Se zafó a si misma en la Justicia Federal y usó de la mayoría parlamentaria para atropellar a la oposición estadual (que es gobierno con Lula) en la valerosa Asamblea Legislativa de RS. Llegó la hora de contra golpear, pensó el gobierno. Un buen comienzo sería atacar una organización política menos mediática, de tipo no parlamentario, y con menos visibilidad por no contar con puestos de gobierno o representación, fruto de su línea ideológica y opción estratégica. Bien, una organización de ese tipo en RS es la FAG. Es el blanco perfecto, considerando inclusive aspectos históricos de división en el pensamiento socialista que remontan a la 1ª Internacional de los Trabajadores (AIT, reivindicada por los anarquistas).
El posible error de cálculo de parte de ella y su asesoría (al menos aquellos que consiguen aconsejarla) fue presuponer que el tamaño y la opción ideológica de esta organización implicaran aislamiento y pocos vínculos. Justo se dio al revés. Fruto de la inserción social y de una política no sectaria, aunque radical e intolerante con la intermediación parlamentaria, sobró solidaridad para con la FAG. Entidades de punta como el sindicato de trabajadores de la educación estadual (Cpers-sindicato) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin-tierra (MST), además de la Asociación Gaúcha de Radiodifusión Comunitaria (Abraço-RS), pasando por la página de oposición y de alternativa mediática más leída del estado (RSurgente.org) inmediatamente comenzaron a moverse, a articular apoyos jurídicos, llegando hasta a desplazar gente al local bajo diligencia. Tal fue el caso de la presidenta y vice del Cpers, que se dirigieron a la sede de la Federación (próxima al Centro de Porto Alegre) e inmediatamente después acompañaron a los militantes anarquistas a la 17ª comisaría. No se trata de poca monta, considerando que el Cpers tiene más de 90 mil afiliados y es el mayor sindicato del Río Grande.
El mayor movimiento popular de la América Latina también se movió. El MST divulgó una nota oficial de repudio al atropello y de solidaridad, y puso su aparato jurídico a disposición (así como también la banca de abogados que atiende el sindicato de educación fue accionada). Las radios comunitarias accionaron su difusión en Porto Alegre, y, en el caso de RS Urgente, su editor entró en contacto telefónico con una de las acusadas y publicó en su página la nota de sobre organización atacada. Ese fue sólo el comienzo, siendo enviadas decenas de notas de solidaridad y gestos de apoyo, inclusive de otros países, como en el vecino Uruguay y la Argentina, donde organizaciones afines en la línea política tomaron las conducciones de la red de solidaridad e hicieron circular información y accionar otros apoyos. Del exterior, el acto más ágil y notorio ocurrió en España, donde la Confederación General del Trabajo (CGT) luego un día después, realizó un breve acto de protesta frente a la embajada del Brasil en Madrid. Una semana, la lista de solidaridad creció en forma espiral, alcanzando a países de la América Latina, Europa, Australia y EUA. Definitivamente, Yeda erró el blanco.
La lógica invertida -la acusadora pasa a perseguir políticamente- el argumento es la calumnia
Entiendo que el caso caracteriza una amenaza directa de cercar la libertad de expresión del periodismo en su tono más político y del empleo de la comunicación alternativa, que va del muralismo, pasando por la agitación y propaganda, hasta llegar a la Internet. Al cercar la circulación de información por fuera de los canales oficiosos (los medios corporativos, palangristas, como dicen los venezolanos), Yeda cree forzar un consenso construido en la base de la espiral del silencio y de silenciar a la oposición con la represión policial y de cierta complicidad de los poderes no elegidos mediante la urna de la democracia representativa. Así, sin cierto grado de domesticación de la Justicia estadual y del Ministerio Público del RS, jamás habría tamaña saña y auto-confianza en el acto de reprimir. Su gobierno, sus asesores y aliados políticos están marcados como blancos de investigación de tipo policial por robo de recursos públicos a través del control de partes del aparato de Estado. La típica Patria Contratista como afirma los brillantes periodistas de investigación argentinos. Se invierte la lógica, como lo fue en el caso del banquero bandido, Daniel Dantas. El perseguido pasa a ser al perseguidor, el jacobino idealista que pensó poder cambiar la sociedad brasileña a través del Estado que la oprime. Dio en el que dio.
En el caso de la avanzada neoliberal salvaje en el Río Grande, tengo la certeza de que esta campaña pública deflagrada por la FAG dentro del contexto de movilización sindical y popular amplia que viene desarrollándose por lo menos desde hace un año en este estado, irrita profundamente la gobernadora Yeda Crusius (PSDB). Tanto ella como su perímetro de apoyo directo operan -literalmente- como brazo político-económico-mediático del capital financiero, son ejecutores de un acuerdo entreguista y rifan los destinos de los trabajadores del servicio público de RS a los abusos y las prácticas poco o nada republicanas de las “consultorías” contratadas para ejecutar este mismo contrato. Todo eso viene denunciando la organización reprimida, la FAG, públicamente por todos los medios que le son posibles, incluyendo la pegatina, la pegatina de carteles en las calles de la capital Porto Alegre y de algunas ciudades-polo del estado. En la era de la política mediatizada, era casi “natural” la reacción del Ejecutivo con aires discrecionales. Tardó, pero llegó.
Se alega, de parte de la gobernadora, que la acción de queja criminal y la consecuente intervención policial, fueron motivadas por la defensa de su honor. Levanto otra hipótesis. La meta era responsabilizar a un colectivo o algunos individuos organizados en la Federación. Después de la entrada en la sede y la aprensión de material, tanto el interrogatorio y posterior proceso judicial son contra los individuos identificados y responsabilizados por la referida campaña pública de difusión de opinión en nombre de la FAG, sobre el hecho del colono sin-tierra Eltom Brum de Silva siendo asesinado por operadores de la Peleada Militar, en agosto en la hacienda Southall en São Gabriel, en la Frontera Oeste. En este caso, hay una sospecha inicial y hasta hoy apenas explicada. Según lo denunciado por el movimiento de radios comunitarias, recae sobre un oficial de alta graduación la posible autoría de los disparos. Esa desconfianza, la de que el soldado que confesó no es el verdadero autor de los disparos, es una hipótesis reforzada por la carta del Grupo Tortura Nunca Más de São Paulo. Si la acción solidaria consegue reabrir el interrogatorio o federalizar la investigación, entonces el efecto contrario será total.
Otro tema complementario es la responsabilización política. Una acción de la envergadura del despejo del MST en la Hacienda Southall no es de rutina y pasa por un equipo de acompañamiento y gestión de crisis al servicio del Ejecutivo. Todo acto represivo de dimensión política tiene un nivel de responsabilización política. Si los agentes de policía estadual actúan bajo la orientación del gobierno de turno, la jefe del Ejecutivo es, por tanto, la responsable política de lo que venga a ocurrir por acciones derivadas de sus comandados. Este razonamiento, expuesto en la forma de slogan de campaña política, aunque bastante aplicado en los países hermanos, no tiene esa costumbre en el Brasil. Por fuera de la cultura política brasileña, que es cómplice con la corrupción endémica y estructural, pero no con las palabras duras del juego real, fue más fácil para Yeda conseguir la orden judicial para el operativo. La acusación de asesina era demasiado fuerte. Pasó a merecer la pena reprimir. Y fue lo que aconteció.
Los poderes estaduales temen la lucha política de los anarquistas
El proceso por parte de la gobernadora Yeda Crusius contra la FAG tiene su origen por tanto en el contenido de materiales de comunicación visual, o mejor, de opinión y propaganda, los cuales ella considera calumniosos. Específicamente el término “asesina”. En este caso se trata de carteles, panfletos y contenido de la Web de la Internet narrando los hechos políticos y opinando sobre una realidad específica, la política de este gobierno de turno en Río Grande del Sur, sus consecuencias y la responsabilización de estas, conforme a las propias reglas jurídicas vigentes del Estado.
Lo que puede haberla dejado inquieta es saber que una fuerza política extra-parlamentaria, consigue apuntar con precisión a los mandantes y responsables de los crímenes contra el pueblo y su propaganda tiene efectos superiores a la de los de grupos radicalizados, pero aislados socialmente. Específicamente el episodio del asesinato del sin-tierra Eltom Brum de Silva y los análisis divulgados por la FAG sobre los hechos motivaron la queja de injuria, calumnia y difamación, de la cual se desarrolló el mandato judicial de búsqueda y aprensión en la sede publica de la FAG referente a los carteles entonces producidos y divulgados la semana siguiente al 21 de Agosto de 2009. ¿De qué ella nos acusa? De defender con ideas y trabajo de base la memoria y el sentido del martirio de un sin-tierra. Esta vez el muerto fue en el estado donde el agro-negocio responde por casi 40% del PIB, tiene presión de medios favorable, bancada parlamentaria propia y consigue extraer fondo del dinero público estadual sin mayores dificultades. Una de las micro regiones donde el conflicto de tierras es más fuerte es justamente en la Frontera Oeste, donde se localiza el municipio de San Gabriel. Además del embate histórico contra el latifundio, el agro-negocio se coloca al servicio de la industria verde, como la de la caña de azúcar transgénica en el norte del Río Grande, o del Desierto Verde (plantaciones de eucalipto en escala absurdamente grande).
Cuando una fuerza política que actúa por fuera del juego electoral de tipo democrático-burgués consigue formar parte de las pautas generalizabais en el estado, ya demuestra el tamaño suficiente que justifique su represión. El mote fue la supuesta calumnia, y el hecho estructural fue el posicionamiento acerca del futuro del Río Grande, la soberanía popular y su Bioma Pampa. Y, para recobrar la causa, en el sur del país, el trabajador rural fue cobardemente muerto con un tiro de calibre 12 por la espalda, habiendo inclusive relatos discordantes en cuanto al responsable directo por el asesinato.
En el tope de la cadena jerárquica están los gobernadores de los estados brasileños, los jefes máximos de las policías, tanto la ostensiva (militar) como la judicial (civil). Por lo tanto la responsable es la gobernadora Yeda en el Río Grande del Sur, así como sería su gobernador en otro estado del país. Pero hay aún otras consideraciones importantes. Temas de polémica y conflicto de proyectos estructurales están en juego. Las políticas públicas implementadas por los gobiernos son también responsabilidad de quien las define y ejecuta, más de una vez representado en su jefe, el gobernador. Entonces, tenemos más hechos. Además del asesinato de un sin-tierra, caracterizado por los propios medios tradicionales (corporativos y comerciales) como político, pero también las consecuencias de las políticas para la educación y salud públicas, de la criminalización de la pobreza y de la violencia policial ejercida sobre los pobres en las periferias urbanas y en el campo, así como sobre los movimientos sociales y sindicatos, son banderas legítimas que varios sectores del pueblo organizado vienen levantando a lo largo de varios meses contra este gobierno.
La mitología política retro alimenta la contestación contemporánea. El Río Grande que nació de la República Comunera Guaraní, hoy vive bajo un gobierno inflitrado por reos en procesos federales. No es sólo un gobierno más de tipo burgués y neoliberal. Es un gobierno burgués y neoliberal sin límites. Para este analista, es tan devastador para la población gaúcha como lo fueron los gobiernos Menem (Argentina, 1989-1998) y Bush Jr. (EUA, 2000-2008). Y las propuestas y decisiones son además de la propia Yeda. Vale recordar que el banco estadual (el Banrisul) fue dilapidado con la venta del 47% de sus acciones preferenciales. Ya el parlamento estadual en esta legislatura, donde el Ejecutivo tiene mayoría, aprobó, firmando de forma unánime, el contrato entreguista del Banco Mundial sin siquiera leerlo. Para cualquier organización de izquierda mínimamente responsable esto ya bastaría para convocar una Pueblada de aquellas. En el caso específico de los anarquistas políticamente organizados en la FAG, tamaña entrega de la soberanía popular sonó como intolerable. Viene de ahí la motivación para la agresiva propaganda pública y el refuerzo –a través de frentes sociales– de la amplia movilización conocida como ¡Fuera Yeda!
Tal vez lo que falta para la lucha popular brasileña es una tradición venida de México, donde se prevé que tenemos el derecho a luchar contra un mal gobierno. En este caso, entiendo que la vía más consecuente sería que la contestación ampliada fuera acompañada de una mayor democracia interna en los movimientos populares y sindicales, y a partir de ese nuevo caldo de cultura, modificar el modelo de acumulación de fuerzas en la sociedad brasileña. Esto pasa por un nuevo pacto de la izquierda, donde el deber común sería construir una democracia participativa. Donde la igualdad social y económica sea la base de las libertades políticas y de la participación directa del pueblo en sus decisiones fundamentales. Es decir lo que la FAG ayuda a hacer desde que fue fundada el 18 de noviembre de 1995. Es decir lo que Yeda teme. Por eso esa señora, su ex-marido, sus secretarios de estado y la gente que la acompaña intentan criminalizar a los militantes anarquistas.
Las luchas contemporáneas del pueblo organizado en el estado más al sur del Brasil
En el Río Grande del Sur, desde el mes de marzo de 2008 no existen hechos aislados. Lo que hay es una acumulación de tentativas de criminalizar la lucha popular y una represión brutal a todos los sectores organizados de las clases oprimidas. Como por ejemplo en la huelga de los bancarios y de los profesores estaduales en 2008, que resultó en la tentativa de criminalización del Cpers (Sindicato de los Trabajadores de Educación Pública), hoy uno de los mayores sindicatos de la América Latina, con más de 90 mil afiliados. No basta con imponer al pueblo gaúcho una secretaría de educación autoritaria y ofensiva a la comunidad escolar; cuya forma de gestión es claramente privatizadora, agotando los recursos de la educación y entregando el presupuesto para ser complementado por las fundaciones educacionales, verdaderas lavanderías de dinero y de desvío de impuestos. Tampoco puedo omitir el proceso político deflagrado junto al ministerio público estadual contra el MST, con la clara intención de criminalizar a este movimiento. Esta es la conspiración oficial que dio origen al asesinato de Eltom Brum y que ahora intenta incriminar a la FAG.
El silencio de los medios corporativos también es cómplice. Lo que está fuera de la pauta de las luchas y del monopolio de los medios gaúchos, capitaneados por el Grupo RBS (blanco de denuncia del Ministerio Público Federal de Canoas), son los efectos a corto, medio y largo plazo del préstamo con el Banco Mundial. En este contrato absurdo y vende patria, endosado por el gobierno de Lula, consta, por ejemplo, el régimen de caja y la ingerencia de consultores extranjeros en el presupuesto público de RS. Otro intento de vender al Río Grande es en la liquidación del Bioma Pampa entregando las tierras más fértiles del país para plantar eucaliptos y producir carpeta de celulosa ¡destinada a fabricar papel higiénico en Europa! La misma relación desigual se da en el tema de la producción de alimentos, cuando el Estado interviene para favorecer el latifundio en la forma de “agro negocio” y relega la agricultura campesina y familiar a la penuria y la pobreza. Ya los capitales de la industria, liderados por la gigante Gerdau (varias veces beneficiada con subsidios estatales y estaduales) tienen su plan estratégico en RS, impacientes por terminar con los derechos adquiridos por los trabajadores y públicamente divulgados en la llamada Agenda 2020.
En este breve análisis no se puede desconsiderar el papel de las élites dirigentes ni de la clase de intermediarios políticos tradicionales, como agentes importantes en las decisiones políticas y su influencia en el juego de intereses que caracteriza cualquier gobierno de cualquier Estado. Aquí en RS, hoy están fundidos los intereses de los latifundistas y del agro negocio y toda su cadena de depredación, con la industria de la celulosa, el desierto verde, la explotación de las reservas de agua, la tentativa de criminalización del MST, el cierre de las escuelas itinerantes de los asentamientos, etc..
También están en juego los intereses de aquellos que viven del robo sistemático contra el pueblo, de la corrupción institucionalizada, de la banca -compuesta por estafadores y criminales de traje y corbata- de la vieja orden de tomar ventaja con el patrimonio colectivo, de despreciar el pueblo y fundamentalmente sus derechos y su capacidad de rebelarse. Finalmente son incontables las denuncias y evidencias de corrupción escandalosa así como fueron muchas las tentativas de descalificar e impedir a los sindicatos y movimientos sociales manifestar su repudio, su opinión.
En lo que concierne a los trabajadores del servicio público, la situación es muy grave. El gerencialismo es una de las marcas de ese gobierno que mandó a la Policía Civil invadir la sede de la FAG. La política de quitar derechos a los trabajadores, muchos de ellos conquistas históricas y orgullosamente iniciadas en las luchas de los sindicatos de resistencia hace más de cien años, no es exclusiva del gobierno Lula. En RS el gobierno Yeda Crusius tomó y viene tomando varias medidas para cercar, ejecutar represión y criminalización contra los profesores estaduales y su el sindicato (CPERS), así como contra sus dirigentes. Los liceos y escuelas públicas estaduales pasaron a ser un negocio entre el gobierno y la organizaciones privadas, las OSCIPS (organizaciones sociales de interés público; en la práctica empresas privadas sustituyendo el Estado), con su lógica de gestión y sus intereses, donde quién gana son los de siempre y quien pierde es el pueblo. Las conquistas de décadas de luchas de las categorías de los trabajadores de la educación vienen siendo combatidas arduamente por la actual política para la educación en el gobierno estadual, antes también personificado en la figura de Mariza Abreu, ex-secretaria de educación, luego también responsable por sus consecuencias. La meta esta casi por ser aprobada. Rebajar el salario base e implantar la remuneración por “productividad”; medida esta que permite enfrentar a los trabajadores unos contra los otros y enflaquece aún más la representación sindical.
Es esta la coyuntura que marca la represión contra la Federación Anarquista Gaúcha.
El contra-ataque: acto público en la esquina democrática, marcha por la Borges y acto político en el Quilombo de las Artes. ¿Y ahora?
En medio del interrogatorio y los días frenéticos que siguieron, se dieron situaciones interesantes. Analizo que el movimiento de solidaridad para con la FAG ultrapasa el repudio que las entidades del movimiento popular y la izquierda en general han dado al gobierno neoliberal acusado de corrupción, y opera como un reconocimiento al trabajo de esta organización. Tanto en el sentido de la inserción como forma de empoderamiento de los sujetos sociales organizados (retirando así poder de los intermediarios profesionales) como en la efectiva política de unidad en lucha y no sectarismo estéril.
Esto se hizo ver el 3 de noviembre, cuando a las 18 horas, después de un temporal, casi un centenar de personas de distinguidas agrupaciones más a la izquierda, se encontraron en la Esquina Democrática, centro de Porto Alegre, para, bajo una lluvia fina pero incesante, participar de un acto político de desagravio contra la represión sufrida por la FAG. En la secuencia del acto, hube una breve marcha por la Borges rumbo al Quilombo de las Artes, espacio cultural de la Comunidad Autónoma Utopía y Lucha, donde se realizó el acto político. Al no cambiar el estilo de trabajo, se demuestra a los poderes del Estado que la intimidación oficial no dio resultado. Si por un lado el titular de la 17ª DP aún no concluyó el interrogatorio, lo que deja margen para hipótesis en el campo jurídico, por otro, en lo que es estrictamente político, la campaña de solidaridad está fortalecida e intentando reabrir el interrogatorio policial de la investigación del asesinato del colono sin-tierra Eltom Brum. Con certeza, aumentó la legitimidad de la FAG y la organización sale fortalecida del episodio. ¿Y ahora?
Concluyo apuntando algunas variables. ¿Si los activistas de derechos humanos consiguen reabrir el interrogatorio del asesinato de Eltom, como queda la cúpula de la seguridad pública en RS? ¿Qué hará el gobierno de Yeda Crusius? ¿Ella va redoblar la apuesta? ¿Va a apuntar a otro blanco, tal vez no político específico, pero sí social, y por su naturaleza, de mayor envergadura? La única certeza es de que esta Otra Campaña, por temas estratégicos y de largo plazo, como la defensa del Bioma Pampa y frenar la venta del Rio Grande para el Banco Mundial, no va a cesar ni durante la carrera electoral de 2010. Parte de eso es mérito político de la FAG, reconocido inclusive por la operadora neoliberal, cuando ésta decide reprimir la organización. Como dije arriba, acierta en el que ve y alcanza aquello que antes no podría mirar.
Este artículo fue publicado originalmente en el portal Barómetro Internacional
