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Revisitando el Tema: Brasil, Rio Grande do Sul - El cerco al MST y la crisis política local

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Habría muchos otros aspectos para relatar y debatir sobre el mismo tema, pero para un primer pantallazo, es suficiente.

Bruno Lima Rocha

 

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) tiene sus orígenes en las luchas por la tierra de los últimos años de la dictadura militar (1964-1985) en Brasil. Surgió de la cultura campesina del minifundio en el campo del estado más sureño, Rio Grande do Sul. Tiene ahí sus raíces y buena parte de sus líderes nacionales. Es justo en este estado donde sale el último plan para su desmonte, desde que el mayor movimiento de masas de la democracia brasileña fue creado.
 
No si trata del horror represivo como en las matanzas de Corumbiara (Rondônia, agosto de 1995) ni de Eldorado dos Carajás (Pará, abril de 1996) pero sí de un accionar montado desde el aparato jurídico-represivo. Sería digno de una película de Costa Gravas, más cercano a Z (1969, filmado en Grecia anterior al Golpe de los coroneles). Intentó ser un golpe contundente y no lo fue, justo porque en Brasil, aún la derecha orgánica es demasiado cortoplacista.

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Todo empezó en el año de 2006, precisamente en la jornada de lucha de las mujeres campesinas por el 8 de marzo. En un vivero de bosque perteneciente a la transnacional Aracruz Celulosa, en la ciudad de Barra do Ribeiro, a 80 kms. de Porto Alegre, las militantes del campo destruyeron las mudas de eucalipto. En la Universidad Católica había en ese momento una conferencia mundial de la agricultura, y la acción directa fue impactante. Se abrió una nueva etapa de la lucha popular brasileña, más fuerte, y apuntando a algo que podría ser un Proyecto Popular para el Brasil. La contraofensiva del aparato represivo estadual comenzó ahí mismo.
 
Según el relato de los defensores legales del MST, el hecho político con lenguaje policial sería un informe reservado, hecho en Mayo de 2006 por el coronel de la Brigada Militar (BM, policía militar estadual, todos los estados tienen dos policías, una Civil y otra Militar) Waldir João Reis Cerutti. Este policial militar, entonces era comandante del Comando Regional Ostensivo del Planalto, un área del estado donde hay mucha plantación de soya, pensamiento conservador y permanentes ocupaciones del MST. Este mismo coronel Cerutti, escribió el informe 60 días antes de licenciarse para concurrir a un cargo electivo como diputado estadual (provincial) por el Partido Progresista (PP, ex PDS y Arena, era la sigla que apoyaba la dictadura militar, representa la derecha agraria gaúcha). En este informe, Cerutti (alias “Toninho”, ex servicio que operaba junto al Ejército en los últimos años de la Dictadura) crea una pieza publicitaria donde acusa los militantes sin tierra de recibir entrenamiento de las FARC, de practicar la violencia sistemática y de ser una ofensiva real en contra del Estado de Derecho.
 
El informe es la típica obra mal hecha del servicio reservado de las policías militares (PM2). En teoría, las investigaciones en el nivel estadual de los conflictos y amenazas del orden político y social son tarea de la Policía Civil (judiciaria). Pero, siempre pasa justo al revés. La Policía Civil es sindicalizada y muchas de sus bases votan en la “izquierda”. Por más raro que pueda sonar, en Brasil hay mucha promiscuidad entre el aparato represivo y las concepciones de “izquierda”. Retomando, la pieza publicitaria está escrita en los términos ideológicos de la gente que lee poco y utiliza nombres y significados del período de la Guerra Fría. La BM entregó el trabajo de “inteligencia” a la Fiscalía Estadual (Ministerio Público del Estado de Rio Grande do Sul, MPE) que por su parte, hizo un pedido formal de investigación a la Policía Federal (civil, judiciaria, subordinada al gobierno nacional, de elite y de investigaciones).
 
Los federales, investigaron a lo largo de un año, entre agosto 2006 y mitad de 2007 y no encontraron nada ni parecido a lo dicho en el informe. Especialmente en los asentamientos, acampamientos y escuelas de formación gaúchas, justo donde Cerutti había dicho que existían prácticas de guerrillas. Cuando salió el resultado de la investigación, ya había cambiado el gobierno estadual. En las elecciones generales de octubre de 2006, Lula se reeligió en el país y en Rio Grande do Sul la economista Yeda Crusius, del mismo partido de Fernando Henrique Cardoso –el PSDB– ganó. Tenemos entonces otra curiosa coincidencia. El superintendente estadual de la PF cuando apareció el resultado de la investigación de los federales, era el Comisario Francisco Mallmann, el mismo hombre responsable por las investigaciones del esquema de corrupción que casi llevó al impedimento de Yeda. El Comisario Mallmann desde mediados de 2007 es el secretario de seguridad (ministro del interior de la provincia), y por lo tanto, comanda las dos policías. Bajo su mando, los federales habían llegado a la conclusión que los sin-tierra no están entrenando guerrilla ninguna. Aún así, el comando de la BM desobedeció el resultado de la investigación y continuó con la tesis de la conspiración.
 
Los fiscales y el coronel Paulo Roberto Mendes, actual comandante de la BM y de comportamiento fascista, pidieron otro “trabajo de inteligencia”. Este, el número 1124-100-PM2-2007, retoma todos los términos del coronel candidato, Cerutti, y avanza más. A lo largo de 2007, dos fiscales estaduales organizan una denuncia para ser llevada al Consejo Superior de los Fiscales Estaduales (Conselho Superior do MPE, estadual). Este mismo Consejo, en la fecha de 25 de junio de 2007, hace requisición de otro trabajo de “inteligencia”, justo por no estar de acuerdo con lo que constataron los federales. Supuestamente sería un trabajo propio, pero los fiscales Luciano de Faria Brasil y Fabio Roque Sbardelotto, pusieron sus firmas bajo las palabras del fascista Coronel Mendes. Esto rindió, en otra reunión del Consejo Superior de los Fiscales Estaduales de fecha de 03 de diciembre de 2007, un voto por escrito, una cosa absurda de más de 100 páginas, donde el Fiscal Gilberto Thums hace citaciones a sociólogos críticos del MST (como Zander Navarro) que caracteriza al movimiento como “izquierdista y anticapitalista”.
 
 
De esta misma reunión salen decisiones, algunas de ellas con base al proceso hecho por Thums (16315-09-00/07). Las más importantes serían lo que sigue. La primera es que se hace un acuerdo entre los fiscales de que las actas de la reunión serían secretas y que nada iba a ser mencionado a la prensa. La otra, que un equipo de dos fiscales estaduales iba a plantear una medida jurídica (Acción Civil Publica, ACP), pidiendo la EXTINCIÓN del MST. No sólo sería eliminado el movimiento, sino que también la idea era impedir que se negociara en el Rio Grande do Sul entre el MST y los órganos del estado. Recomienda también el fiscal Thums que todos los miembros de los sin tierra sean fichados y por cada desobediencia civil cometida, se haga una denuncia y se los juzgue. El aspecto conspirativo se nota también en la articulación, utilizando argumentos ideológicos, entre la Brigada Militar bajo las órdenes de Mendes, el MPE y la Justicia Estadual (en Brasil hay dos niveles de Justicia, un estadual y otro federal). Iba a ser un gran secreto y el intento sería no publicitar esta intencionalidad durante algunos años.
 
El asunto explotó después y fue por cálculo político sencillo. En la Región del Planalto (la misma del coronel candidato y del fiscal que quiere acabar con los sin tierra), dos fiscales estaduales y otros dos fiscales federales hicieron una denuncia al juez local pidiendo el desalojo de una propiedad que había cedido terreno para un acampamento de los sin tierra. Sí, es verdad, las dos Fiscalías denunciaron una propiedad por mal uso de la tierra y apoyo a hechos criminosos. ¡El proceso tenía unas 20 hojas y el juez leyó y dio la sentencia por los fiscales en el mismo día!
 
Quién conoce la Justicia en Brasil sabe como las cosas son morosas. Este tiempo de morosidad siempre fue el momento de crear el hecho político por los Sin Tierra. La situación es sencilla. La reforma agraria no se hace pero es una ley desde diciembre de 1964, promulgada por los militares en su primer año de dictadura. Por lo tanto los campamentos son legales, así como hay una figura jurídica del sentido y uso social de la tierra. La rutina era: el MST construye un campamento, después hace una ocupación, los fiscales piden el desalojo, el juez oye las partes, hay una conmoción social en la zona, viene la policía, el MST sale y vuelve a acampar y vuelve a ocupar y el juez oye las partes y así seguía. Seguía, por que en Rio Grande do Sul la cosa cambió.
 
A partir de 2007, cuando empieza a operar la conspiración institucional, el MST ocupa, el fiscal estadual o federal hace la denuncia y el juez da el desalojo. Entran las tropas del coronel Mendes y hay confrontación y mucha violencia policial. Todo eso pasaba como una nueva política de seguridad del gobierno del estado (que repito, fue acusado por corrupción y casi cayó) hasta que saltó la información “secreta”. ¿Y como saltó? Porque dentro de las recomendaciones del voto del Fiscal Thums, habría que construir la normatividad jurídica de zonas especiales donde serían prohibidos los campamentos. Una de esas, es justo la región donde los fiscales hicieron la última denuncia. Esto fue en el 16 de junio de 2008, y en las pruebas del proceso, habrían los dos trabajos, el de la PM2 (servicio de la BM) y el de Gilberto Thums.
 
No por azar, el 11 de junio hubo una batalla en Porto Alegre, cuando el MST y más de 15 movimientos sociales hicieron una protesta en un supermercado de la red Wall Mart. El resultado fueron 12 militantes presos y otros doce más heridos y hospitalizados. Del lado de la BM, unos diez policías cobraron también. Los Sin Tierra acusaron el golpe represivo y si acercaron otra vez al aparato institucional, donde actúa el reformismo, o sea, los parlamentarios estaduales y los federales. Durante esas semanas, habría una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el parlamento estadual (Assembléia Legislativa) donde saltaban datos de corrupción fruto de una larga tarea de inteligencia de la Policía Federal. Era factible esperar que la gobernadora iba a ser implicada (y casi lo fue) y con la oportunidad real de caer. Nada pasó porque hubieron vueltas y contragolpes de la política institucional (en otro artículo voy a explicar ese ambiente local, la industria del eucalipto y la relación con los sin tierra) y cada partido o sector jugó para sus intereses particulares.
 
Como había acuerdo de parte del actual comando de la BM y una serie de fiscales estaduales y federales en salvar al gobierno de Yeda Crusius (PSDB) y sus técnicas gerenciales, la conspiración pasó a un segundo plano y lo más importante fue la creación de un hecho político nuevo. El blanco mediático pasó de la corrupción estructural de los últimos dos gobiernos del estado hacia el ¡“peligro de los Sin Tierra” actuando como fuerza guerrillera! Esto sólo fue posible por que hay un pacto de los empresarios dueños de la media estadual y los poderes de hecho, del cual este sector de la clase dominante también es parte. Luego tamaño disparate fue recusado y tiene sus argumentos jurídicos desmontados todos los días. Aún así, sirvió para cambiar el blanco, frenar la línea de acción directa de los Sin Tierra y dejar en pánico a toda la militancia social de Brasil. El MST es la espina dorsal de la lucha de clases en Brasil y aunque tengan vínculos con el PT, y por lo tanto, con el gobierno de Lula, son la mayor y más expresiva experiencia de protagonismo de masas que hay en el país desde los ’80.
 
El contragolpe legal del MST vino rápido. La primera mentira que cayó fue la afirmación que el Consejo Superior de los Fiscales Estaduales habría aprobado todo por unanimidad y votado por el secreto. El Fiscal General del Estado, Mauro Renner, publicó un artículo desmintiendo la unanimidad –que está en el texto del acta– y también la característica secreta –por lo tanto conspirativa– de la decisión. El ministro de la Justicia –gaúcho Tarso Genro, del PT, ex candidato a la gobernación y probablemente candidato en 2010– afirmó que era un absurdo pedir la extinción de un movimiento social. La Assembléia, en su mayoría votando con el gobierno de Yeda, abrió el rito para una Comisión de Investigaciones Externas, justo para hacer una auditoría sobre las cuentas de las ONGs del MST y el monto de dinero que reciben de organismos internacionales, del gobierno nacional, del gobierno estadual y las intendencias. Los diputados estaduales de la oposición –que son situación nacional con Lula– pidieron una Comisión semejante para investigar el agronegocio y el eucalipto. Y así siguen las maniobras jurídicas y los apoyos políticos para los Sin Tierra. La acusación de fascista al fiscal Gilberto Thums ya llegó hasta en la ONU. Hay capacidad de respuesta institucional de parte del MST y las batallas van a seguir en este campo por todo el año.
 
Habría muchos otros aspectos para relatar y debatir sobre el mismo tema, pero para un primer pantallazo, es suficiente. La conspiración no llegó a ser un problema jurídico absoluto pero hay otro factor de fondo y con esto cierro el artículo. En el estado de Rio Grande do Sul, zona lindera al Uruguay y las provincias de Corrientes y Entre Ríos (Argentina), ya no hay mucha tierra sin utilización económica. Hay un obvio avance del agro como plataforma de exportación, más que nada de la soya para China, y ahora con las pasteras y el eucalipto. De parte de los sin tierra hay una perplejidad. El Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA, órgano del gobierno nacional), que es visto por los latifundistas y los medios de comunicación comerciales como pro MST, no asentó una familia siquiera desde el inicio del año. De su parte, los sin tierra tienen que promover ocupaciones cada vez más riesgosas, actuando en los límites de la lucha de masas, denunciando a las pasteras y los latifundios de la soya.
 
La respuesta policial es peor desde que salió ganadora la neoliberal confesa Yeda Crusius. El estado de Rio Grande do Sul, que siempre fue muy bien dividido y disputado políticamente, ve a su “izquierda” como tonta. Esto porque casi todos los partidos que son enemigos en el estado, son aliados en el gobierno nacional. No es poca cosa ver a los adversarios históricos como aliados estratégicos. Esto alcanza a los líderes sin tierra y los deja con muy poco margen político de maniobra. Una salida estratégica sería un alejamiento de la política oficial y una posición más cercana a lo que fue la Otra Campaña, encabezada por el EZLN, empujando mucha fuerza social y política alternativa en todo México. Las bases para defender a Lula son cada vez menores en el interior del movimiento. Las papeleras (pasteras) están violando una ley constitucional y comprando tierras en la llamada Faja de Frontera (150 kms de la línea con otro país) y el gobierno nacional no hace nada; es del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, órgano federal) que sale la mayor parte del dinero para la instalación y expansión del eucalipto; el presupuesto para el agronegocio es seis veces mayor que el para la agricultura familiar; Lula aprobó la ley que autoriza a los transgénicos; una serie de políticos del PT recibieron y usaron en sus campañas dinero y materiales del eucalipto (esto es comprobado con una simples verificación en el sitio de la Suprema Corte Electoral – www.tse.gov.br); por fin, la perspectiva de otra forma de democracia todavía esta lejos de la cabeza de los Sin Tierra.
 
El MST vive la paradoja por un lado de encabezar la lucha popular en el país y por otro lado, la estrechez de los límites impuestos por su propia opción de alianzas, que los lleva a contener sus posiciones. Volviendo al tema de la conspiración, todas las izquierdas en Brasil tienen la conciencia que si se aprueba la extinción del mayor movimiento, la cosa se pone muy difícil para los sectores menores o más débiles. Por eso, y también por solidaridad, es el esfuerzo común por la denuncia y la reacción inmediata que todos los movimientos y corrientes tuvieron para defender a los sin tierra. Esta no fue la primera conspiración entre la Fiscalía estadual, la policía militar y las cortes estaduales, siempre con apoyo y soporte del gobierno de turno del estado. En los dos gobiernos de Jaime Lerner en el estado sureño del Paraná (1995-1998 y 1999-2002), el MST sufrió un ataque igual o peor. La diferencia de esta conspiración gaúcha es que la misma prepara el terreno para construir una verdad falsa. El fiscal Gilberto Thums dijo: “!ya no hay más tierras para la reforma agraria en el Rio Grande do Sul!”. O sea, hay un pacto de elites, donde se incluye el gobierno de Lula, que se asegura las tierras fértiles de la Pampa para el uso propio y el agua para las transnacionales y el agronegocio.
 
Este es el condicionante de fuerza de la conspiración contra el MST según el análisis interno de este movimiento. El interés de fondo es el de las empresas como Aracruz, Bunge, Stora Enso, VCP, Boyse, ADM, Monsanto y otras pocas más. Viene de ahí el soporte a la derecha agraria local y sus reaccionarios agentes políticos, judiciales y policiales. Como este es un estado legalista, a diferencia del norte de Brasil, acá la conspiración tenía que pasar por el interior del aparato jurídico-represivo. Frenar a este avance de la reacción es una preocupación y actitud urgente y permanente de todos en Brasil y en América Latina. El MST es la columna vertebral de la lucha popular en este país y por eso debe ser defendido.





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